¿Casualidad? La ANPyN fijó domicilio en una dirección vinculada a una secretaria del Juzgado Federal que interviene en sus causas
09:53 | Una presentación judicial del organismo que mantiene intervenido el Puerto de Ushuaia dejó al descubierto una llamativa coincidencia: la dirección elegida para recibir notificaciones aparece asociada a Edith Pfarr, secretaria del Juzgado Federal que conduce Federico Calvete. El tribunal intervino en cuatro expedientes contra la agencia nacional. Ahora, la pregunta es quién facilitó ese domicilio y qué relación existe con la funcionaria judicial.
Según una investigación publicada este jueves por El Diario del Fin del Mundo, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) constituyó domicilio procesal en una dirección particular del barrio Bahía Cauquén que figura vinculada a Edith Pfarr, secretaria del mismo juzgado donde se tramitaron distintas acciones judiciales contra el organismo nacional.
La coincidencia resulta especialmente llamativa por el lugar que ocupa la funcionaria dentro de la estructura judicial que tuvo intervención en los conflictos derivados de la administración nacional del puerto.
El dato surge del expediente FCR 9499/2026, correspondiente a un amparo sindical promovido por trabajadores portuarios contra la ANPyN.
En una presentación realizada tras una audiencia del 22 de octubre, las abogadas del organismo nacional, Gisela Romina Díaz y Laura Cecilia Calcagno, informaron el domicilio procesal en Ushuaia. El escrito fue firmado digitalmente el 23 de octubre.
La dirección coincide con la registrada a nombre de Pfarr en antecedentes del padrón del Consejo de la Magistratura provincial. Su desempeño como secretaria del Juzgado Federal de Ushuaia también figura en documentación del Poder Judicial de la Nación.
La coincidencia que necesita una explicación
Constituir domicilio procesal en una vivienda particular no representa necesariamente una irregularidad. Se trata de una dirección utilizada para recibir notificaciones judiciales y no implica que el organismo tenga allí sus oficinas o que exista una relación personal con quien figura asociado al inmueble.
Sin embargo, la situación plantea preguntas que todavía necesitan respuestas.
¿Quién proporcionó esa dirección a las abogadas de la ANPyN? ¿Por qué se eligió un domicilio vinculado a una funcionaria del juzgado? ¿Existe alguna relación entre las representantes del organismo nacional y el inmueble?
Hasta el momento, la información publicada no permite establecer si se trata de una coincidencia administrativa, de un domicilio que cambió de ocupantes o de alguna otra circunstancia.
Pero la sensibilidad de los expedientes involucrados vuelve especialmente importante que se aclaren esas cuestiones.
Cuatro causas judiciales en medio de la intervención
El Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo de Federico Calvete, intervino en al menos cuatro procesos relacionados con la ANPyN desde que el Gobierno de Javier Milei dispuso la intervención del puerto el pasado 21 de enero.
Entre ellos se encuentran las acciones impulsadas por el Gobierno provincial y la Dirección Provincial de Puertos para cuestionar la medida nacional, un amparo por acceso a información pública sobre el manejo de los recursos portuarios y la demanda sindical en la que se detectó la coincidencia de domicilios.
En las dos primeras causas, Calvete declinó su competencia y dispuso la remisión de las actuaciones a la Corte Suprema.
En otro expediente, el pasado 30 de octubre, el magistrado ordenó a la ANPyN y a la Administración General de Puertos entregar información sobre ingresos, gastos, contrataciones y funcionamiento de la terminal.
Es decir, la coincidencia de direcciones no constituye evidencia de favoritismo judicial. Pero tampoco elimina la necesidad de esclarecer las circunstancias en que fue utilizado ese domicilio.
La controversia aparece en un momento especialmente sensible para Tierra del Fuego, con el puerto bajo administración nacional, trabajadores reclamando su reincorporación y organismos provinciales recurriendo a la Justicia para obtener información sobre los recursos económicos de la terminal.
En ese contexto, la transparencia no debería limitarse a las cuentas del puerto. También resulta indispensable para despejar cualquier interrogante que pueda afectar la confianza pública en los procesos judiciales.
La investigación de El Diario del Fin del Mundo expuso una coincidencia documentada. Lo que falta establecer es por qué el organismo nacional demandado eligió una dirección vinculada a una funcionaria del ámbito judicial donde se sustanciaron sus causas.
Una explicación clara de la ANPyN y de las personas involucradas permitiría determinar si se trata simplemente de un dato administrativo o de una situación que requiere alguna medida adicional.