Casi 7.000 fueguinos podrían recibir una compensación equivalente a un vehículo 0 km

El abogado Federico Rauch aseguró que la reciente sentencia dictada por la jueza federal Mariel Borruto en la causa iniciada contra las principales terminales automotrices constituye un hito sin precedentes para Tierra del Fuego y sostuvo que el verdadero objetivo del proceso siempre fue garantizar que los beneficios de la Ley 19.640 lleguen efectivamente a los consumidores fueguinos. En declaraciones radiales, repasó una historia que comenzó en 2007 y que hoy involucra a casi 7.000 demandantes. Según recordó, la inquietud surgió a partir de las consultas de vecinos de Ushuaia y Río Grande que no comprendían por qué los vehículos vendidos en la provincia tenían precios similares a los del resto del país, pese a las exenciones impositivas vigentes en el Área Aduanera Especial. “Había mucha gente que me preguntaba cómo era posible que los autos valieran lo mismo que en Buenos Aires. Eso me llevó a investigar y a reunir a unas 500 personas que decidieron avanzar con una denuncia”, explicó. Rauch señaló que el primer paso fue una presentación ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, organismo que durante cinco años desarrolló una investigación sobre las principales terminales automotrices. A partir de auditorías, análisis contables e inspecciones, la comisión concluyó que las empresas se habían apropiado de beneficios fiscales destinados a los habitantes de la provincia y aplicó una multa equivalente a más de 100 millones de dólares. Sin embargo, esa sanción fue posteriormente revocada por la Cámara Federal y el caso no prosperó en la Corte Suprema. Lejos de abandonar el reclamo, el abogado decidió impulsar una demanda colectiva. “Cuando estudiamos toda la prueba reunida durante esos años vimos que estaba demostrado que los precios de los vehículos eran iguales o superiores a los del resto del país. Eso significaba que alguien se estaba quedando con una diferencia que debía beneficiar a los fueguinos”, afirmó. La presentación realizada en 2015 reunió finalmente a 6.983 compradores de vehículos de la provincia. Rauch destacó que el proceso se inició con un criterio de acceso abierto y que el estudio jurídico sólo cobró gastos administrativos. “Esta fue una patriada. Nosotros no cobramos honorarios a los vecinos y sólo los percibiremos si los pagan las automotrices”, sostuvo. El expediente tuvo un extenso recorrido judicial. Inicialmente se tramitó en la Justicia provincial, pero una resolución de la Corte Suprema determinó que la causa debía pasar al fuero federal. El expediente fue remitido al Juzgado Federal de Río Grande, donde quedó bajo la órbita de la jueza Mariel Borruto. “Hay que reconocer el enorme trabajo del juzgado y el profundo conocimiento que tuvo la jueza sobre la Ley 19.640 y su impacto sobre la vida de los fueguinos”, expresó. Para Rauch, uno de los aspectos centrales del fallo es que establece que el régimen de promoción fue creado para favorecer a quienes viven en la provincia y no para incrementar las ganancias de empresas radicadas fuera de ella. “La Ley 19.640 es una norma de orden público destinada a incentivar que haya personas que decidan desarrollar su proyecto de vida en Tierra del Fuego. No está pensada para beneficiar a empresarios que viven en Buenos Aires”, remarcó. El abogado sostuvo que la sentencia representa la primera vez que la Justicia Federal analiza de manera integral la relación entre la Ley 19.640 y los derechos de los consumidores fueguinos. “Es un fallo histórico porque no tiene antecedentes. El sol no se puede tapar con las manos: los autos no pueden costar lo mismo en Tierra del Fuego y en el resto del país. Alguien se queda con la diferencia y eso era lo que había que determinar”, indicó. En cuanto a los próximos pasos, Rauch dio por descontado que las automotrices apelarán la decisión y que el proceso continuará en la Cámara Federal, e incluso podría llegar nuevamente a la Corte Suprema. No obstante, destacó que la resolución también ordena a las empresas cesar con la apropiación de esos beneficios. “Van a apelar hasta el color de la tinta. Pero más allá de lo económico, esta sentencia beneficia a todos los fueguinos porque fija un principio muy importante: los beneficios de la Ley 19.640 son para quienes viven en la provincia”, afirmó. Finalmente, consideró que el cumplimiento efectivo del régimen es fundamental para el futuro de Tierra del Fuego y advirtió que desnaturalizarlo podría poner en riesgo el modelo de desarrollo provincial. “La ley no está para derogarla, sino para hacerla cumplir y mejorarla. Si nos quedamos sin la 19.640, se termina la provincia como la conocemos”, concluyó.