Carlos Córdoba condenado a 5 años de prisión y detenido por las estafas
Así lo resolvió el Tribunal de Juicio de la ciudad de Ushuaia en el juicio oral que seguía a la cúpula del gremio estatal por las 22 estafas con viviendas del IPV en 2018. La condena, incluso, fue superior a lo solicitado por la Fiscalía y, tanto Carlos Córdoba como Miguel Arana, fueron detenidos al […]
Así lo resolvió el Tribunal de Juicio de la ciudad de Ushuaia en el juicio oral que seguía a la cúpula del gremio estatal por las 22 estafas con viviendas del IPV en 2018. La condena, incluso, fue superior a lo solicitado por la Fiscalía y, tanto Carlos Córdoba como Miguel Arana, fueron detenidos al finalizar la audiencia.
El Tribunal de Juicio de la ciudad de Ushuaia compuesto por los doctores Alejandro Pagano Zavalia, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla condenó a la cúpula de ATE.
A pesar que la Fiscalía había pedido 4 años de prisión, los jueces aplicaron 5 años al secretario General de ATE Carlos Córdoba y al cómplice en estas maniobras Miguel Arana, a quien todos los testigos refirieron entregar dinero y bienes en mano.
El Tribunal, asimismo, consideró aplicar la prisión efectiva de manera inmediata en ambos imputados por lo que fueron detenidos por la custodia policial en la sala, lo cual generó la conmoción entre sus pares sindicales.
Solo una de las presentes vociferó sobre la presunta “injusticia” que se estaba cometiendo con este fallo. Un espectro sindical totalmente ajeno a una abrumadora prueba respecto de las maniobras defraudatorias contra particulares, e incluso contra los mismos afiliados del gremio estatal que tenían una expectativa habitacional y fueron postergados por un negociado personal de la dirigencia.
Córdoba y Arana serán trasladados a la Alcaldía Central del Servicio Penitenciario y sus defensas ya trabajan en una presentación para una domiciliaria por razones de salud.
El 16 de junio se conocerán los fundamentos de esta sentencia.
Una lección asimismo para los Gobiernos que como en este caso –en la gestión de Rosana Bertone- delegaron las facultades de la política habitacional en organismos intermedios o agrupaciones sindicales, afectando a la lista de demanda general y dejando margen para este tipo de negociados inescrupulosos.