Canals cuestionó la intervención del puerto de Ushuaia: «No ha habido una mejora»
La administración del puerto de Ushuaia continúa siendo motivo de conflicto entre el Gobierno de Tierra del Fuego y las autoridades nacionales. A un año de la intervención, desde la Provincia advierten que no se…
La administración del puerto de Ushuaia continúa siendo motivo de conflicto entre el Gobierno de Tierra del Fuego y las autoridades nacionales. A un año de la intervención, desde la Provincia advierten que no se concretaron las mejoras que habían sido planteadas para justificar la medida y cuestionan la falta de información sobre el destino de los recursos económicos que genera la terminal portuaria. El ministro jefe de Gabinete, Jorge Canals, expresó su preocupación por la situación y ratificó que el objetivo del Ejecutivo fueguino es recuperar la administración del puerto a través de la Dirección Provincial de Puertos. Mientras se aguarda una resolución de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno mantiene gestiones para establecer canales de diálogo que permitan encontrar una salida al conflicto. Cuestionamientos por la falta de obras e inversiones Uno de los principales planteos del funcionario está relacionado con la ausencia de avances en materia de infraestructura. Según explicó, durante el período de intervención no se observaron transformaciones que permitan justificar la continuidad de la administración nacional. «Uno en este año que ha transcurrido, los argumentos con los cuales intervino el puerto, uno no ha visto un avance o una mejora o una transformación del puerto, todo lo contrario. No ha habido una licitación, no ha habido una adjudicación», sostuvo Canals. El ministro también mencionó la existencia de procedimientos licitatorios cuestionados y distintas actuaciones judiciales vinculadas con la situación portuaria. Algunas de estas presentaciones fueron impulsadas por el Tribunal de Cuentas, mientras que otras corresponden a la Dirección Provincial de Puertos. En ese contexto, consideró necesario avanzar en una solución institucional que permita restablecer la administración provincial y garantizar el funcionamiento de una infraestructura estratégica para Tierra del Fuego. La Provincia reclama conocer el destino de la recaudación Otro de los puntos que genera preocupación es la administración de los ingresos económicos provenientes de la actividad portuaria. Canals aseguró que actualmente el Gobierno fueguino no dispone de información suficiente para determinar cuánto dinero se recauda, cuáles son las tasas aplicadas y de qué manera se utilizan esos fondos. «Lamentablemente no sabemos ni qué es lo que se llevaron ni en qué invirtieron, porque no podemos tener acceso a nada», manifestó el funcionario al referirse a las dificultades para obtener documentación sobre el movimiento económico de la terminal. En ese sentido, explicó que el Tribunal de Cuentas inició actuaciones destinadas a conocer el manejo de los recursos, aunque hasta el momento no se habrían obtenido las respuestas solicitadas. «No sabemos a dónde van los recursos, no sabemos qué se recauda, no sabemos cuáles son los valores de las tasas, más que por entredicho o por cuestiones que uno puede ir tratando de reconocer», agregó. Desde el Ejecutivo provincial consideran que esta falta de acceso a la información limita las posibilidades de fiscalización sobre fondos vinculados con una infraestructura que, según sostiene el Gobierno fueguino, debe permanecer bajo administración provincial. Inspectores ambientales debieron recurrir a la Justicia para ingresar La controversia también alcanzó a los organismos encargados de supervisar las condiciones ambientales del puerto. De acuerdo con lo señalado por Canals, durante un período se impidió el ingreso de inspectores provinciales que debían verificar el tratamiento de efluentes y el manejo de sustancias peligrosas dentro de las instalaciones. El funcionario explicó que estas tareas forman parte de los controles habituales que realiza la Provincia y que las restricciones obligaron a iniciar gestiones judiciales para garantizar su cumplimiento. «Tuvimos que acudir a la justicia provincial y a partir de allí con una manda judicial, después de un derrotero de la justicia provincial, la justicia federal, poder ingresar», indicó. Tras obtener la autorización correspondiente, los equipos provinciales pudieron comenzar con las inspecciones. Canals adelantó que se prevén nuevas visitas para continuar supervisando las condiciones ambientales y el cumplimiento de las exigencias aplicables a la actividad portuaria. Diálogo y una resolución judicial pendiente Pese a los cuestionamientos, el Gobierno provincial mantiene abierta la posibilidad de alcanzar una solución mediante conversaciones con las autoridades nacionales. Canals señaló que se trabaja de manera permanente para encontrar mecanismos que permitan destrabar la situación, sin dejar de lado las actuaciones judiciales en curso. «La verdad que es un tema que nos preocupa, que nos ocupa, que diariamente estamos dialogando, tratando de buscar nexos o caminos con el Gobierno Nacional para poder destrabar», expresó. El funcionario insistió en que la recuperación del puerto constituye una prioridad para la gestión provincial, tanto por la importancia económica de la terminal como por las responsabilidades de control y administración que considera propias de Tierra del Fuego. «Lo importante o lo necesario que tiene la provincia hoy es poder recuperar el puerto para poder tener todo el control del puerto de la ciudad de Ushuaia o de la provincia de Tierra del Fuego, en este caso de la ciudad de Ushuaia, que le pertenece a la provincia y que nunca tendría que haber sido intervenida», concluyó. Mientras continúa pendiente la definición judicial, el Ejecutivo fueguino sostiene su reclamo para recuperar la administración de la terminal y acceder a la información sobre las operaciones, inversiones y recursos generados por su funcionamiento.