Caja Policial en emergencia: proponen recortar el beneficio
Comenzó en la Legislatura el tratamiento del proyecto de la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario, que pide declarar la emergencia por dos años. La iniciativa limita el haber compensatorio de los policías retirados del ex Territorio y deja afuera a quienes cobran la Bonificación Zona Austral de la Policía Federal. Además fija un descuento extraordinario del 3% sobre los haberes de todos los retirados y demora dos meses los aumentos.
La Legislatura de Tierra del Fuego comenzó este jueves, en la sala de comisiones, el análisis del proyecto de ley con el que la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora para el Personal Policial del Ex Territorio busca declarar su emergencia económica y financiera. El plazo sería de dos años, prorrogable por otros dos mediante una nueva ley.
La iniciativa había ingresado el 7 de septiembre como asunto de particulares N° 035. La firman el presidente del organismo, Héctor Ernesto Bordón; el vicepresidente, Guillermo Morgan; y los directores Claudio Ramón Pérez y Miguel Ángel Moriñigo.
Según la nota que acompaña el proyecto, la situación financiera de la Caja se fue agravando de forma progresiva. Hoy ya se traduce en la reprogramación del pago de los haberes compensatorios de los beneficiarios del ex Territorio y en una acumulación de deudas pendientes.
El origen del desequilibrio
El Directorio ubica la raíz del problema en 2010, cuando la Ley Provincial 834 fusionó la vieja Caja Compensadora de la Policía Territorial con la nueva Caja creada para policías y penitenciarios provinciales.
Aquella Caja Compensadora había nacido en 1988 con la Ley Territorial 334. Su objetivo era que los policías del entonces Territorio Nacional, que cobraban del Ministerio del Interior, mantuvieran en su retiro el Suplemento por Zona Desfavorable. Ese suplemento no era computable para la jubilación nacional. Ya en ese momento el Ejecutivo territorial vetó la ley por la falta de estudios sobre su sostenibilidad, pero la Legislatura insistió y la sancionó.
El punto que más pesa, según el organismo, es el artículo 33 de la Ley 834. Esa norma amplió el beneficio compensatorio más allá del suplemento por zona. Así, cada nuevo adicional que se incorporaba al sueldo de los policías en actividad se trasladaba también a los retirados del ex Territorio, sin que se previera ninguna fuente de financiamiento para cubrirlo.
Los números que expone la Caja son contundentes: el régimen del ex Territorio tiene apenas 2 aportantes activos frente a 541 beneficiarios. El organismo recuerda que los informes actuariales de 2012, 2017 y 2022 ya advertían este desequilibrio.
A eso se suma otra situación detectada por la Caja. Varios beneficiarios cobran el compensatorio provincial y, al mismo tiempo, la Bonificación Zona Austral que paga la Caja de Retiros de la Policía Federal. Según el Directorio, los dos beneficios compensan el mismo factor geográfico.
El organismo ya había tomado medidas por su cuenta: modificó el cronograma de pagos, fijó un orden de prioridad, redujo personal, impulsó la venta de inmuebles propios y pidió adelantos financieros extraordinarios al Ejecutivo.
Los recortes que propone
El proyecto establece que, durante la emergencia, el haber compensatorio de los retirados de origen territorial se calculará exclusivamente sobre el 100% del Suplemento Zona Desfavorable. De esta manera, dejarían de liquidarse el resto de los suplementos que se habían ido sumando.
La medida más dura tiene carácter permanente y no está atada a los dos años de emergencia. El texto excluye del beneficio compensatorio a quienes cobren la Bonificación Zona Austral de la Policía Federal o cualquier adicional similar que esa caja otorgue en el futuro. La Caja provincial tendría 30 días para cruzar información con los organismos nacionales e identificar a los alcanzados.
El esfuerzo también llegaría al resto de los retirados y pensionados policiales y penitenciarios. Mientras dure la emergencia, se aplicaría un descuento extraordinario del 3% sobre los haberes de todos los beneficiarios de la Caja. Además, los aumentos salariales que reciban los activos se trasladarían a los pasivos con dos meses de demora. La Caja también quedaría autorizada a desdoblar las fechas de cobro según el régimen, con la condición de mantener pagos mensuales regulares.
La iniciativa incluye un artículo de alcance amplio que puede abrir debate. Deja sin efecto toda disposición que vincule o condicione los sueldos o haberes del personal, activo o retirado, a regímenes o parámetros ajenos al Presupuesto provincial.
Un fondo con más impuestos
Para financiar el sistema y pagar lo adeudado, se crea el Fondo de Emergencia Previsional Policial, Penitenciaria y Territorial. Sus recursos no podrán usarse para otro fin. El fondo recibiría los recursos del artículo 44 de la Ley 440.
Se sumarían además dos cambios impositivos. El primero eleva la alícuota de Ingresos Brutos para el transporte por gasoductos al 4%, más un 1% para el Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales, y destina al fondo el 25% de esa recaudación. El segundo modifica el Código Fiscal para que dejen de estar exentas las operaciones con títulos del Banco Central y las que realizan agentes de bolsa, intermediarios y entidades financieras con papeles nacionales. Todo lo recaudado por ese cambio iría al fondo.
El Ejecutivo también podría compensar deudas con la Caja si hubiera excedentes.
En cuanto a lo que se les debe a los beneficiarios, la Caja tendría 90 días para armar un plan de regularización de hasta 36 meses. Ese plan deberá priorizar a los beneficiarios según su nivel de ingresos y su edad. Las deudas se actualizarían según la evolución salarial, en lugar de aplicar intereses. Quien adhiera al plan deberá renunciar a iniciar reclamos judiciales y desistir de los juicios que ya tenga en curso.
En paralelo, el proyecto busca blindar al organismo. Durante la emergencia se suspenderían las ejecuciones judiciales, embargos y medidas cautelares sobre las cuentas y bienes de la Caja, y las costas de los juicios se impondrían por su orden. La Caja quedaría eximida de intereses y multas con organismos provinciales. Sus inmuebles no pagarían servicios públicos provinciales, salvo el edificio de San Martín y 25 de Mayo, en Ushuaia.
La reforma de fondo quedaría para más adelante. Se crearía un Comité Técnico con dos integrantes de la Legislatura, dos del Tribunal de Cuentas, uno de Fiscalía de Estado, uno del Ministerio de Economía y dos de la Caja. Ese comité tendría diez meses para presentar un proyecto de reforma integral del sistema previsional policial y penitenciario, junto con un informe actuarial, una auditoría de los pasivos judiciales y una proyección financiera a diez años. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Jefatura de Gabinete, que deberá informar a la Legislatura cada tres meses.
En la fundamentación, el Directorio sostiene que las medidas responden a criterios de equidad y de justa distribución del esfuerzo. Argumenta que no es razonable que beneficios de origen territorial, que exceden el régimen contributivo, se sostengan con fondos de todo el sistema provincial y trasladen esa carga al resto de los aportantes.