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ANPYN se niega a cumplir la legislación laboral y ambiental

El Diario del Fin del Mundo

La intervención federal del Puerto de Ushuaia volvió a impedir el ingreso de inspectores provinciales. Esta vez, funcionarios del Ministerio de Trabajo intentaron realizar controles sobre las condiciones laborales, de higiene y seguridad, pero se les exigió una autorización previa. La negativa quedó documentada por la Escribanía General de Gobierno y reabre el conflicto por el cumplimiento de la legislación provincial y las facultades de fiscalización de Tierra del Fuego.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), responsable de la intervención federal del Puerto de Ushuaia, volvió a impedir el ingreso de inspectores del Gobierno de Tierra del Fuego a las instalaciones portuarias. Esta vez, la restricción alcanzó a funcionarios del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia, quienes pretendían verificar las condiciones laborales, de higiene y seguridad en el establecimiento.

El episodio ocurrió este martes 17 de noviembre y quedó documentado mediante una actuación de la Escribanía General de Gobierno, cuya intervención fue requerida por las autoridades laborales provinciales ante los obstáculos encontrados para ejercer sus competencias de fiscalización.

En efecto, el procedimiento se originó a partir de una presentación que advertía sobre irregularidades en las condiciones de trabajo dentro del puerto, particularmente en sectores operativos, áreas de mantenimiento y espacios donde se desarrolla el movimiento de cargas y maquinaria pesada.

Entre las situaciones denunciadas aparecen deficiencias en la capacitación del personal, falta de elementos de protección adecuados, inconsistencias en los mecanismos de prevención de riesgos laborales e incumplimiento de las obligaciones de las empresas contratadas para prestar servicios dentro del establecimiento.

Asimismo, se plantearon interrogantes sobre las condiciones de contratación, la habilitación de trabajadores para operar determinados equipos y la existencia de controles efectivos sobre actividades que, por sus características, requieren procedimientos específicos de seguridad.

Se trata de cuestiones especialmente sensibles en una terminal portuaria donde conviven trabajadores, transportistas, maquinaria pesada y operaciones de movimiento de contenedores, con riesgos que exigen medidas preventivas permanentes.

Sin embargo, cuando los inspectores provinciales intentaron acceder al establecimiento para desarrollar sus tareas, se encontraron con una nueva negativa.

Según quedó asentado en el acta notarial, el personal encargado del control de accesos manifestó que existían instrucciones de no permitir el ingreso sin una autorización previa. Esa exigencia impidió que los funcionarios pudieran concretar la inspección prevista.

De esta manera, la Escribanía General de Gobierno documentó las circunstancias del procedimiento y las explicaciones brindadas por el personal presente. La actuación dejó constancia del impedimento denunciado, aunque sin pronunciarse sobre la legalidad de la restricción.

Una intervención que obstaculiza los controles

El episodio adquiere especial relevancia porque no constituye un hecho aislado. Desde que comenzó la intervención federal del Puerto de Ushuaia, el 22 de enero pasado, se han registrado diferentes controversias por las restricciones impuestas al ingreso de organismos provinciales que pretendían ejercer sus funciones de fiscalización.

En oportunidades anteriores, los cuestionamientos estuvieron vinculados con controles ambientales, servicios públicos y otras competencias administrativas. Ahora, el conflicto alcanza directamente al organismo encargado de verificar el cumplimiento de la legislación laboral y las condiciones de seguridad de los trabajadores.

Por otra parte, la negativa se produce cuando existen advertencias sobre posibles incumplimientos en materia de higiene y seguridad, capacitación del personal y supervisión de las empresas contratadas por la administración portuaria.

Precisamente, la inspección pretendía determinar si las situaciones denunciadas tenían sustento y establecer las eventuales responsabilidades administrativas y laborales.

En ese contexto, impedir el acceso de los funcionarios no solamente dificulta esclarecer las irregularidades señaladas, sino que también obstaculiza el ejercicio de las facultades de fiscalización que corresponden a las autoridades provinciales.

La intervención federal del puerto no supone, por sí misma, una excepción al cumplimiento de las normas laborales y de seguridad vigentes. Tampoco implica que las empresas que desarrollan actividades dentro del establecimiento queden automáticamente excluidas de los controles que corresponden a los organismos competentes.

En consecuencia, la exigencia de una autorización previa para permitir el ingreso de inspectores provinciales vuelve a plantear interrogantes sobre los límites de las decisiones adoptadas por la ANPYN y su compatibilidad con las atribuciones legales de Tierra del Fuego.

La seguridad de los trabajadores, en discusión

Más allá del conflicto institucional, la situación incorpora una preocupación adicional: las condiciones en las que se desempeñan quienes trabajan diariamente dentro del Puerto de Ushuaia.

Las advertencias formuladas sobre posibles deficiencias de seguridad requieren verificaciones concretas. Sin embargo, las restricciones de acceso impiden que los organismos encargados de realizar esos controles puedan determinar el alcance de las situaciones denunciadas.

Cabe señalar que la actuación notarial acredita las circunstancias vinculadas con la restricción de ingreso, pero no constituye una constatación de las presuntas irregularidades laborales, cuya existencia deberá establecerse mediante las inspecciones correspondientes.

Por lo tanto, el nuevo episodio deja abiertos interrogantes sobre quién impartió las instrucciones para impedir el acceso, cuáles son sus fundamentos y de qué manera se garantizará el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de seguridad laboral.

Mientras tanto, la intervención federal suma un nuevo foco de tensión con las autoridades provinciales. Esta vez, la controversia excede la discusión sobre las competencias administrativas y alcanza directamente a la protección de los trabajadores.