ANPYN opera sin registro ambiental
La intervención federal del Puerto de Ushuaia enfrenta una nueva denuncia judicial por impedir cuatro inspecciones ambientales y no estar inscripta en el registro provincial de generadores de residuos peligrosos. La Provincia advirtió que se desconoce el destino de materiales contaminantes cuyo retiro había quedado pendiente y exigió una intervención judicial urgente. La ANPYN asegura que esos residuos ya no están en el puerto, pero sigue impidiendo que los inspectores lo comprueben.
a intervención federal del Puerto de Ushuaia sumó una nueva denuncia judicial que pone bajo cuestionamiento su gestión ambiental. El Gobierno provincial advirtió que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) no está inscripta en el registro fueguino de generadores de residuos peligrosos y denunció que, por cuarta vez consecutiva, impidió el ingreso de inspectores encargados de fiscalizar las instalaciones portuarias.
Pero la presentación incorpora una circunstancia todavía más preocupante: la intervención nacional asegura que no existen residuos peligrosos almacenados dentro del puerto, pese a que los registros oficiales dan cuenta de materiales contaminantes cuyo retiro había quedado pendiente antes de que la Nación asumiera el control del establecimiento.
En consecuencia, la Provincia exige que se investigue qué ocurrió con esos residuos, quién los retiró, cómo fueron transportados y cuál fue su destino final. El problema es que la misma administración que asegura que los materiales ya no están en el puerto continúa impidiendo que los inspectores ambientales puedan comprobarlo.
La nueva denuncia fue presentada el 27 de octubre por el Ministerio de Producción y Ambiente ante el Juzgado de Instrucción Nº 2 del Distrito Judicial Sur, en el marco de la causa Nº 42.281/2026, iniciada a partir de una presentación de la Fiscalía de Estado.
En el escrito, las autoridades provinciales denunciaron dos hechos nuevos: la cuarta inspección ambiental frustrada, ocurrida el 19 de octubre, y las contradicciones entre la documentación oficial sobre residuos peligrosos y las afirmaciones realizadas por la ANPYN.
Sin inscripción provincial para generar residuos peligrosos
Uno de los datos más relevantes de la nueva denuncia penal es que la ANPYN no se encuentra inscripta en el Registro Provincial de Generadores de Residuos Peligrosos, a diferencia de la Dirección Provincial de Puertos, que figuraba registrada como Generador Categoría I.
La Ley Provincial Nº 105 establece obligaciones específicas para los establecimientos alcanzados por la normativa sobre residuos peligrosos, incluyendo su registro, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final.
Sin embargo, según la presentación judicial, la intervención nacional no cuenta con esa inscripción y tampoco permite que los organismos provinciales verifiquen las condiciones actuales de gestión de los residuos.
La falta de registro no acredita por sí sola que la ANPYN carezca de toda autorización para gestionar cualquier clase de residuo. No obstante, constituye un cuestionamiento concreto respecto de sus obligaciones como eventual generadora de residuos peligrosos, especialmente porque el establecimiento continúa desarrollando actividades que históricamente producían materiales contaminantes.
Además, el Ministerio recordó que la legislación provincial habilita las inspecciones ambientales incluso cuando el responsable de un establecimiento no se encuentra inscripto.
¿Qué pasó con los residuos peligrosos del puerto?
La nueva demanda judicial también plantea interrogantes sobre materiales contaminantes cuya existencia había sido declarada ante la autoridad ambiental.
Según los antecedentes oficiales, durante 2024 se registraron 1.200 litros de aceites minerales usados y 400 kilogramos de materiales contaminados que fueron tratados.
Por su parte, el informe ambiental correspondiente a 2025 indica que los residuos generados durante ese período permanecieron almacenados transitoriamente y que su retiro, previsto para enero de 2026, no pudo concretarse debido a las restricciones derivadas de la intervención del establecimiento.
Sin embargo, el 18 de octubre, apenas unas horas antes de una inspección programada, la ANPYN remitió una comunicación en la que aseguró que dentro del puerto no se realizan tareas de mantenimiento que generen residuos peligrosos y que tampoco existen materiales de esa naturaleza almacenados.
La afirmación contradice los antecedentes que obran en poder de la Secretaría de Ambiente y abrió nuevas preguntas sobre el destino de los residuos.
En particular, la Provincia pretende determinar si esos materiales continúan almacenados, si fueron trasladados o si se procedió a su tratamiento y disposición final.
Asimismo, exige conocer quién realizó su eventual transporte, cuándo se efectuó y qué documentación permite acreditar que la operación cumplió con las exigencias ambientales.
A ello se suma otra incógnita: si la intervención asegura que ya no se realizan tareas de mantenimiento dentro del puerto, las autoridades provinciales quieren saber dónde se efectúan actualmente los cambios de aceite, las reparaciones de maquinaria y las demás actividades que tradicionalmente generaban residuos peligrosos.
En ese sentido, el escrito cuestiona que la ANPYN invoque modificaciones operativas y, al mismo tiempo, impida verificar si efectivamente se produjeron.
Cuatro inspecciones frenadas por la intervención
La última negativa de ingreso ocurrió el 19 de octubre, aunque la inspección había sido comunicada formalmente diez días antes.
La noche anterior, a las 23.27, la ANPYN remitió una nota solicitando nuevas precisiones sobre los sectores, actividades y procedimientos que pretendían fiscalizarse.
Pese a ello, los inspectores provinciales se presentaron en el puerto a las 10.07 de la mañana para realizar las verificaciones previstas.
Sin embargo, un oficial de protección portuaria les comunicó que no podrían ingresar hasta tanto se cumplimentaran los requerimientos formulados por la intervención.
En consecuencia, el personal técnico debió retirarse nuevamente sin poder desarrollar sus tareas, dejando constancia de lo ocurrido mediante un acta oficial.
El episodio se sumó a los impedimentos registrados el 25 de agosto y el 1 y 17 de septiembre, configurando cuatro inspecciones consecutivas frustradas.
Riesgos sobre el suelo y las aguas de la bahía
La presentación también describe los riesgos que podrían derivarse de la falta de inspecciones en distintos sectores del establecimiento.
Entre ellos figura el taller mecánico, donde anteriormente se registraban aceites usados y materiales contaminantes, además del muelle de catamaranes, donde se habían constatado tareas de mantenimiento y la existencia de un tanque de aceite de 200 litros.
Asimismo, la Provincia pretende verificar las condiciones de la plazoleta fiscal, los sectores de almacenamiento de combustibles, los sistemas de drenaje y las instalaciones donde podrían existir residuos peligrosos.
En particular, los inspectores buscan detectar posibles derrames de hidrocarburos, pérdidas de combustibles, contaminación del suelo y arrastre de sustancias hacia las aguas de la bahía de Ushuaia.
Por otra parte, la restricción también impide fiscalizar a las agencias marítimas que operan dentro del puerto y que se encuentran registradas como generadoras de residuos peligrosos.
Incluso, la Provincia advirtió que la situación compromete los controles sobre los residuos provenientes de las bases antárticas argentinas, inspecciones que se realizan desde 2019 durante las campañas de verano.
Piden una intervención judicial urgente
Finalmente, el Gobierno provincial solicitó que la Justicia disponga medidas urgentes para garantizar el ingreso efectivo del personal técnico de las áreas de Gestión Ambiental y Recursos Hídricos al Puerto de Ushuaia.
El pedido incluye la posibilidad de inspeccionar instalaciones, verificar documentación, controlar la gestión de residuos peligrosos y determinar si existen condiciones que representen riesgos para el ambiente.