“Acá hay otra cosa”: un abogado pidió profundizar la investigación del caso de la niña de 12 años en Ushuaia

El caso del joven de 22 años que viajó desde Buenos Aires hasta Ushuaia e intentó llevarse a una niña de 12 años continúa generando interrogantes, especialmente después de que la Justicia resolviera declararlo inimputable. El abogado ushuaiense Jorge Hernández se refirió a las circunstancias que rodearon el episodio y consideró que existen aspectos que merecen una investigación más profunda, particularmente la manera en que el hombre organizó su traslado hasta Tierra del Fuego y llegó al establecimiento educativo donde se encontraba la menor. Durante una entrevista con FM Provincia, el letrado analizó la situación de Francisco Álvarez Ruiz, quien fue sobreseído por el Juzgado de Instrucción Nº 3 del Distrito Judicial Sur y quedó internado en el Servicio de Salud Mental del Hospital Regional Ushuaia bajo custodia policial. Si bien reconoció que no participa del expediente y desconoce la totalidad de las actuaciones, manifestó que la secuencia de acontecimientos despierta preguntas que considera necesario esclarecer. Las dudas sobre el viaje desde Buenos Aires hasta Ushuaia Uno de los aspectos que más llamó la atención de Hernández fue el desplazamiento del joven desde Buenos Aires hasta la capital fueguina y su posterior presencia en las inmediaciones del colegio. Para el abogado, resulta importante conocer qué ocurrió antes de ese encuentro y determinar si existen otros elementos que permitan comprender las circunstancias del hecho, aunque aclaró que sus apreciaciones no se basan en el conocimiento directo de la investigación. “Acá hay otra cosa, que habría que rascar un poquito más para ver hasta dónde se llega, porque no es solamente esta persona que vino sola desde Buenos Aires, se sacó un pasaje solo, vino hasta acá, se fue al colegio, es todo muy extraño”, expresó Hernández, al plantear sus sospechas sobre la situación. El profesional sostuvo que le hubiera interesado conocer las medidas adoptadas durante la investigación, especialmente aquellas relacionadas con los movimientos previos del joven y los antecedentes del episodio. Sin embargo, fue cuidadoso al reconocer sus limitaciones para opinar sobre el trabajo judicial, ya que no tuvo acceso a las actuaciones ni participó de las diligencias realizadas. “Me encantaría haber estado en el meollo de esa investigación, en el expediente. No lo estoy”, aclaró. La declaración de inimputabilidad y el peso de las pericias Respecto de la resolución judicial, Hernández explicó que la declaración de inimputabilidad está directamente relacionada con las evaluaciones profesionales destinadas a establecer si una persona puede comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones. En ese sentido, consideró importante diferenciar el malestar que puede generar una decisión de estas características de los fundamentos técnicos y jurídicos que permiten adoptarla. El abogado señaló que la intervención de los peritos oficiales resulta determinante para evaluar las condiciones de una persona sometida a una investigación penal. “Eso lo define un perito oficial de la Justicia, que hace años que trabaja en la Justicia y que le han pasado por su oficina ya no sé cuántos imputados”, explicó, al destacar la experiencia de los profesionales encargados de realizar estas evaluaciones. Hernández también se refirió a las críticas que recibió la resolución y sostuvo que muchas veces el cuestionamiento público se concentra en el magistrado sin considerar la importancia de los informes periciales. “Todo el mundo está pegando por ahí al juez o al juzgado. No, hay un perito que dice: este tipo no puede ser juzgado”, manifestó, aunque la determinación jurídica de la inimputabilidad corresponde al tribunal sobre la base de las pruebas reunidas. Para el letrado, conocer el contenido del dictamen permitiría comprender con mayor precisión los motivos que llevaron a declarar inimputable al joven. Al mismo tiempo, reconoció que una resolución de estas características puede provocar una fuerte reacción social, especialmente cuando se trata de un episodio que involucra a una menor de edad. “Esto genera indignación, sí, genera bronca, sí”, sostuvo, al referirse al impacto que tuvo la noticia. La internación y la incertidumbre sobre el futuro del joven Otro de los puntos abordados por Hernández estuvo relacionado con las consecuencias de la declaración de inimputabilidad y las medidas que deberán mantenerse mientras el joven permanezca internado. El abogado planteó que la atención hospitalaria implica recursos económicos y humanos, por lo que consideró necesario establecer cómo se sostendrá esa intervención y qué organismos tendrán responsabilidad sobre su continuidad. “Ahora hay una internación que es muchísimo más cara de tener una persona internada, hay que ver quién se va a hacer cargo, vino de Buenos Aires”, expresó el profesional, al mencionar que el hombre no residía originalmente en Tierra del Fuego y que su llegada a Ushuaia estuvo vinculada con el episodio investigado. Durante la entrevista también manifestó preocupación por las decisiones que podrían adoptarse en el futuro respecto de la internación. Hernández explicó que estas medidas están sujetas a evaluaciones y controles judiciales, por lo que no necesariamente tienen una duración indefinida. En ese contexto, reconoció que la posibilidad de una eventual externación genera inquietud, aunque cualquier decisión deberá depender de la situación clínica y de las condiciones legales correspondientes. “Es la incertidumbre y también el miedo”, expresó el abogado, al describir su preocupación personal frente a lo ocurrido y las preguntas que todavía existen sobre la evolución del caso. “El grooming también está en auge”: la advertencia a las familias Más allá del episodio que involucró a la niña de Ushuaia, Hernández dedicó parte de la entrevista a una problemática que, según su experiencia profesional, aparece con creciente frecuencia en las investigaciones penales. Se trata del grooming, delito que contempla el contacto de una persona adulta con un menor mediante comunicaciones electrónicas con la finalidad de cometer delitos contra su integridad sexual. El abogado explicó que las plataformas digitales ampliaron las posibilidades de comunicación entre desconocidos y que los acercamientos indebidos pueden producirse en espacios que muchas familias consideran exclusivamente recreativos. Entre ellos mencionó aplicaciones de mensajería, videojuegos y consolas que permiten mantener conversaciones mientras los usuarios participan de partidas en línea. “El grooming también está en auge”, afirmó Hernández, quien agregó que se trata de una problemática que observa con mayor frecuencia en su actividad profesional. “Contactar a pibes, adultos que contactan pibes por sistemas digitales que son WhatsApp, que son los videojuegos, PlayStation, computadora, eso está en auge”, explicó, al insistir en la necesidad de prestar atención a las interacciones que mantienen niños y adolescentes. Para ilustrar esta situación, relató el caso de una madre que acudió a consultarlo después de detectar un comportamiento que le resultó llamativo mientras su hija utilizaba una consola de videojuegos. La mujer comenzó a observar que la niña dedicaba más tiempo a conversar con otras personas que a participar del juego, una circunstancia que la llevó a interesarse por lo que estaba ocurriendo. “Se empezó a dar cuenta que hablaba mucho más que lo que jugaba”, recordó Hernández, quien explicó que esa observación permitió descubrir una situación que posteriormente fue denunciada. “Fue una de las alertas que tuvo para decir, che, me tengo que fijar qué está pasando en este juego y descubrió y denunció”, relató. El profesional consideró que este tipo de situaciones demuestra la importancia del acompañamiento familiar y del conocimiento de las herramientas digitales utilizadas por los menores. En ese sentido, remarcó que los riesgos no se limitan a las redes sociales tradicionales y que también pueden aparecer en videojuegos que incorporan sistemas de chat o comunicación por voz. La importancia de denunciar y cómo avanzan las investigaciones Hernández también buscó transmitir un mensaje a las familias que puedan encontrarse ante situaciones similares, al explicar que las denuncias permiten activar mecanismos de investigación destinados a identificar a quienes utilizan perfiles digitales para contactar a menores. Según indicó, existen herramientas tecnológicas y procedimientos judiciales que pueden contribuir a determinar la identidad de los responsables, aunque los resultados dependen de las pruebas que se logren reunir. “¿Sirve denunciarlo? Mirá, sí”, afirmó el abogado, al recordar investigaciones en las que fue posible avanzar sobre perfiles digitales y establecer quiénes se encontraban detrás de determinadas comunicaciones. En ese trabajo pueden intervenir áreas especializadas de las fuerzas de seguridad y organismos judiciales, que realizan análisis técnicos y solicitan medidas para preservar elementos de prueba. El letrado explicó que, cuando una investigación logra identificar a una persona sospechosa y existen fundamentos suficientes, pueden ordenarse allanamientos y secuestros de dispositivos electrónicos. “Una vez que llegan, lo primero que sucede es un allanamiento, le dan vuelta a la vivienda, sacan computadoras, sacan celulares, sacan PlayStation, todo lo que encuentren. Y la verdad es que avanzan, no es que queden a nada”, describió. No obstante, reconoció que algunas causas pueden quedar sin avances cuando los investigadores no consiguen reunir pruebas suficientes. Por ese motivo, destacó la importancia de realizar las denuncias y permitir que los organismos correspondientes analicen las comunicaciones y los elementos disponibles, en lugar de descartar anticipadamente la posibilidad de identificar a los responsables. Hernández recordó que el grooming se encuentra contemplado en el artículo 131 del Código Penal argentino y advirtió que algunas investigaciones pueden derivar en el descubrimiento de otros delitos vinculados con material de explotación sexual infantil. Según explicó, el análisis de los dispositivos secuestrados puede revelar conductas que exceden el contacto inicial denunciado y dar lugar a nuevas actuaciones judiciales. Las dificultades de investigar desde Tierra del Fuego En otro tramo de la entrevista, el abogado se refirió a los obstáculos que enfrentan las investigaciones penales cuando deben realizarse diligencias fuera de Tierra del Fuego. Explicó que, pese al desarrollo de las comunicaciones digitales, la distancia geográfica continúa teniendo consecuencias sobre los tiempos judiciales, especialmente cuando se necesita obtener información o ejecutar medidas en otras provincias. Hernández señaló que esta situación no se presenta únicamente en investigaciones relacionadas con grooming, sino también en causas por estafas virtuales y otros delitos cuyos presuntos responsables se encuentran en distintos puntos del país. En esos casos, los organismos judiciales deben recurrir a mecanismos de cooperación entre jurisdicciones que pueden prolongar los procedimientos. “En el mundo judicial las distancias siempre juegan en contra”, sostuvo el profesional, quien explicó que las solicitudes de información, los exhortos y las comunicaciones entre dependencias representan pasos necesarios que pueden demorar el avance de una investigación. “Tenés que estar comunicando, tenés que estar exhortando, tenés que estar solicitando, repitiendo oficios. Todo eso hace que sea más lento cualquier cosa que inicies desde acá hacia el continente”, manifestó, al describir las dificultades que observa en su actividad profesional. Finalmente, Hernández anticipó que los cambios vinculados con el régimen penal juvenil podrían generar nuevos desafíos para el sistema judicial durante el próximo año. En ese sentido, consideró que será necesario prestar atención a las denuncias que involucren a adolescentes y a los conflictos que puedan surgir en el ámbito digital. “Yo creo que el 2027 va a ser un año marcado por denuncias cruzadas entre adolescentes”, expresó el abogado, quien insistió en la necesidad de acompañar a las familias y fortalecer la prevención de los delitos que afectan a niños y jóvenes. En cuanto al caso que conmocionó a Ushuaia, sus declaraciones dejaron planteados interrogantes sobre las circunstancias que precedieron al viaje de Francisco Álvarez Ruiz y la importancia de conocer los fundamentos de la resolución judicial. Aunque reconoció que no participa de la investigación, Hernández consideró que lo ocurrido también debe servir para profundizar la discusión sobre la protección de los menores, la detección temprana del grooming y las herramientas disponibles para denunciar estas situaciones.