11 legisladores derogaron la reforma: no es prioridad en este contexto

Once legisladores de distintos espacios derogaron la reforma y consolidaron un consenso transversal. El oficialismo quedó en minoría con cuatro votos y, pese a esa señal, el gobernador Gustavo Melella anticipó que insistirá con la convocatoria. 11 de 15 y un consenso transversal El 30 de abril, la Legislatura avanzó con la derogación de la ley de reforma. El dato político fue contundente: 11 de los 15 legisladores acompañaron la decisión. El respaldo cruzó bloques e incluyó al PJ, Somos Fueguinos, La Libertad Avanza, el Partido Verde, Provincia Grande y el MPF. También se registraron cambios de postura respecto de 2023, con legisladores que habían votado la reforma y que ahora plantearon priorizar la gestión frente a la crisis. La prioridad El eje que ordenó la votación fue claro: la reforma constitucional no es prioridad en este contexto. El consenso no nació en la política, sino en la calle. Desempleo en aumento, cuentas en rojo, servicios tensionados y una gestión que acumula problemas estructurales empujaron a la Legislatura a correrse de la agenda electoral y volver a lo urgente. El giro legislativo El punto de inflexión llegó el 28 de abril, cuando el proyecto de derogación obtuvo dictamen de mayoría. En ese marco, legisladores ya habían hecho público su pedido para que el gobernador suspendiera la convocatoria en función de la crisis. Sin embargo, al día siguiente el Ejecutivo firmó el decreto y redobló la apuesta. El acto, no obstante, no tenía vigencia inmediata: la ley de procedimiento establece que rige recién al octavo día hábil de su publicación, por lo que no existía una “puesta en marcha” efectiva del proceso. Apenas 24 horas después del decreto y a dos días del dictamen, la Legislatura avanzó con la derogación, consolidando en el recinto el consenso que ya se había expresado en los días previos. Un proceso sin ejecución La reforma de la Constitución fue aprobada en diciembre de 2023, en la última sesión de la Legislatura con su integración anterior. Desde entonces, el proceso quedó abierto, pero sin avances concretos. Durante 2024 y parte de 2025, la iniciativa quedó atravesada por la judicialización y fuera de la agenda política. Recién en agosto de 2025 el escenario se destrabó, aunque nunca se tradujo en una convocatoria efectiva. ¿Alcanza con vetar? Tras la sanción, el Gobierno anticipó que avanzará con el veto. Pero la Legislatura ya fijó una posición con mayoría amplia. Si ese consenso de 11 se sostiene, el intento de revertir la decisión queda condicionado: no alcanza con vetar, hacen falta los votos que hoy no están.